Nacionalismo de recursos

El concepto Resource Nationalism es uno de aquéllos de difícil traducción al castellano. Indica la tendencia de los países a querer captar mayores rentas de la explotación de sus recursos minerales o de hidrocarburos; modificar las condiciones de otorgamiento de licencias o contratos vigentes o nuevos; o derechamente tomar acciones para tomar control sobre las empresas. Lo anterior dadas condiciones del mercado de precios altos, o bien tendencias políticas que reivindican la expropiación de empresas para que pasen a manos del Estado. Varias son las razones que mueven esta idea la cual, tal como el precio de los commodities, parece tener un comportamiento cíclico[1].

No sorprende que varios gobiernos o asambleas legislativas en diferentes lugares del mundo vean en el sector extractivo una fuente de ingresos para financiar promesas de campaña o mostrar acciones que refuercen sus posturas ideológicas. Propuestas de ajustes a los porcentajes de regalías se ven en varias jurisdicciones; y a pesar de la ineficiencia y los malos resultados ya obtenidos por varias empresas estatales, sumados a problemas como el clientelismo y la corrupción en varias de ellas, una nueva ola de nacionalismo de recursos se hace notar con fuerza ante el aumento sostenido de los precios de varios commodities[2].

Desafortunadamente no son pocos los ejemplos en la región de esta tendencia. En Panamá, entre el país y la minera Cobre Panamá se ha dado una renegociación de los términos del contrato, afectando el porcentaje sobre la utilidad bruta que deberá pagar la empresa; a la vez que se fija un impuesto corporativo del cual estuvo exenta antes[3]. Otros países de más larga tradición en la explotación de hidrocarburos y minerales también han anunciado iniciativas sorprendentes y de un alcance aún más profundo: en Chile, en la comisión de medio ambiente de la convención constitucional se aprobó una norma que busca “la Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir”^[4]; y en Perú hizo revuelo la idea de nacionalizar el yacimiento gasífero de Camisea. Pese a que ninguna de las 2 últimas se ha materializado, estas propuestas no dejan indiferentes a los actores del sector.

En varias jurisdicciones los recursos minerales y de hidrocarburos ya están nacionalizados (son de propiedad de los estados), y estas últimas iniciativas en Chile y Perú se traducirían al final en la expropiación de las empresas. Más allá del tema semántico, las experiencias pasadas muestran las limitadas capacidades estatales para la gestión y operación de minas y yacimientos de hidrocarburos; a la par que este tipo de anuncios alejan a inversiones de calidad que buscan el desarrollo de proyectos, los cuales requieren estabilidad jurídica y representarían una importante fuente de ingresos y bienestar para los ciudadanos de los países en donde se desarrollen.

También se debe recordar la larga historia de líos judiciales que han traído este tipo de acciones. Basta revisar las bases de datos de ICSID[5] o UNCTAD[6] para ver que las consecuencias para los países pueden ser muy dañinas, perdiendo atractivo como destinos de inversión o condenándolos a pagar multas por sus incumplimientos contractuales.

Avanzar en reformas poco analizadas o guiadas exclusivamente por ideología, de las cuales no se ha estudiado su impacto en el sector productivo afectado, no solo es una mala idea, es también una irresponsabilidad de gobernantes, legisladores o cualquier órgano de poder, que expone a sus países a fuertes sanciones, falta de inversiones y al desinterés por desarrollar nuevos proyectos.

Referencias
[1] Ver: Monaldi, Francisco. “The Cyclical Phenomenon of Resource Nationalism in Latin America”, disponible en este enlace

[2] Ver: Nyer, Daniel y Marchili, Silvia. A new wave of resource nationalism in the mining and metals industry”, disponible en este enlace

[3] Ver: BN Americas - Modificación del contrato de Cobre Panamá “envía una señal negativa”

[4] Ver: https://www.mch.cl/wp-content/uploads/2022/02/Iniciativa-convencional.pdf

[5] Ver: https://icsid.worldbank.org/es/cases/search-cases

[6] Ver: https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement