Licitación del litio en Chile

El litio es un metal con múltiples aplicaciones, aunque recientemente ha cobrado gran protagonismo debido a su importancia en las baterías para la movilidad eléctrica, por medio de la cual se busca reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto de invernadero del sector transporte principalmente. Tal es la expectativa sobre su uso en estas tecnologías, que se espera que la demanda crezca cerca de 6,5 veces en el periodo entre 2020 y 2030[1] medida en términos de carbonato de litio equivalente (LCE por su sigla en inglés); y países o grupos de países como los Estados Unidos y la Unión Europea lo han catalogado como un mineral estratégico. Su comercialización se hace en forma de compuestos con diferentes grados de pureza, siendo los más comunes el carbonato de litio, el hidróxido de litio y en menor medida el cloruro de litio.

Los principales productores de litio en el mundo son Australia, Chile, China y Argentina[2]; y varios países intentan impulsar su industria y desarrollar nuevos proyectos de litio. Chile fue hasta 2016 el principal productor de litio del mundo; siendo desplazado por Australia. La producción chilena se realiza íntegramente a partir de la explotación del Salar de Atacama, un depósito excepcional dadas sus características de concentraciones, pluviosidad y radiación solar. Sin embargo, una serie de disposiciones regulatorias han dificultado el desarrollo de la industria del litio en el país, y los únicos 2 proyectos en producción llevan más de 3 décadas funcionando. Ante esta situación, y las perspectivas de mercado, el gobierno chileno lanzó en octubre de 2021 una licitación para adjudicar 5 derechos de explotación por 80000 toneladas de litio metálico comercializable cada uno con el objetivo de aumentar la producción[3].   

2 días antes de que venciera el plazo, el 12 de enero de 2022, el gobierno chileno anunció los resultados de la licitación, adjudicando a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. una cuota de 80000 toneladas a cada uno. De acuerdo a las autoridades, esto representaría para el Estado chileno 121 millones de USD, sin considerar pagos futuros cuando los proyectos entren en producción.

No obstante, ya desde los días previos al cumplimiento del plazo y en los días posteriores a la adjudicación, diversos actores levantaron reparos al proceso, algunos de ellos llegando a interponer recursos legales para parar la licitación, incluyendo pronunciamientos de tribunales y del poder legislativo; así como de figuras del gobierno electo, que asumirá el 11 de marzo próximo.

Actualmente la situación es de incertidumbre ante el devenir de la licitación. No se sabe si el contexto de la llegada de un nuevo gobierno, sumado a las discusiones constitucionales representarán un obstáculo, o si por el contrario viabilizarán el aumento de la producción chilena de litio en medio de las perspectivas de una fuerte alza en la demanda. En paralelo, las discusiones alrededor de los impactos de la producción de litio, el marco fiscal y jurídico para su explotación, las condiciones de desarrollo local, inversiones en I+D+i[4], entre otros, siguen con fuerza.

Los mercados seguirán expectantes y está por verse si el destino de las inversiones en proyectos de este metal alcanzará a Chile o si otra jurisdicción será más atractiva.     

[1] Estimación con base en datos de la Comisión Chilena del Cobre - COCHILCO

[2] Datos de acuerdo al USGS

[3] Ver: https://www.minmineria.cl/litio/

[4] Ver por ejemplo la controversia derivada de la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL)