En una alocución televisada del propio Presidente de la República[1], se presentó el 20 de abril pasado la estrategia nacional del litio chilena, la cual fue esperada por largo tiempo. Al ser un tema con una fuerte carga política, la polarización que vive el país y la importancia de Chile en el mercado del litio, no sorprende que haya algunas reacciones recibiendo con mucho optimismo los anuncios y otras planteando un escenario desolador.
La estrategia se compone de 8 puntos[2], los cuales ya se dejaban ver en las discusiones sectoriales incluso antes de la presentación. El primer punto es el inicio de un proceso de diálogo en torno al desarrollo de la industria con participación con los diversos actores. Estos procesos son de gran importancia, mas no son nada novedoso. Las propias empresas que operan en el Salar de Atacama ya tienen programas de relacionamiento comunitario y con autoridades, e incluso compromisos de aportes locales en sus contratos; también existe al menos una iniciativa multiactor financiada por empresas europeas en donde participan diversos actores. Con este antecedente, ¿qué aportaría el nuevo proceso de diálogo propuesto por el gobierno?
El segundo se trata de la creación de la empresa nacional del litio; una iniciativa fuertemente impulsada por el gobierno. Esta idea se puede encontrar incluso desde las propuestas de la campaña presidencial. Se anuncia que esta empresa estará en toda la cadena productiva, incluso en etapas industriales, y buscará socios privados. Sin embargo, habrá que esperar al segundo semestre para ver si la ley que crea la empresa aborda detalles de su puesta en marcha, gobierno corporativo, financiamiento, régimen tributario, etc.
El tercero anuncia la creación de una red de salares protegidos y asegurar el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental en los que se exploten (extracción directa de litio y reinyección de salmuera); finalmente, anuncia el ingreso de Chile a la EITI, un estándar internacional de transparencia en las industrias extractivas[3]. El cuidado de estos ecosistemas es sin duda de la máxima importancia, aunque se ha demostrado que cuidado ambiental y desarrollo de proyectos productivos con totalmente compatibles.
El cuarto punto habla de la modernización del marco institucional, y el único en donde se habla del desarrollo y crecimiento de la industria. Es un hecho que esta modernización es una de las necesidades más urgentes para el litio chileno y muchos análisis hablan de lo anacrónico del marco normativo, lo que ha repercutido en el atraso de la industria. Lamentablemente no se hace ninguna propuesta concreta sobre esa modernización, dejando todo en un anuncio sobre la necesidad de coordinación entre los entes estatales que tienen injerencia en el tema y los que se crearían según esta estrategia.
El quinto punto anuncia la creación de un instituto de tecnología e investigación público de litio y salares, y se nombran algunas de sus funciones. Algunas de éstas podrían ser realizadas por otras entidades que tienen reconocida capacidad, como el SERNAGEOMIN. El anuncio no permite ver el aporte del nuevo ente propuesto.
El sexto punto y uno de los más polémicos es la incorporación del Estado en la actividad productiva. Menciona el término del contrato con SQM[4] en 2030 y mandata a CODELCO[5] para representar al Estado Chileno en futuras asociaciones. Surgen dudas entonces que una empresa cuprífera cuente con el conocimiento para manejar el negocio del litio y si ya se mandata a una gran empresa para representar al Estado, ¿qué sentido tendría crear otra empresa nacional (la del litio del segundo punto)?
El séptimo plantea la prospección de otros salares siempre que estén fuera de la red de salares protegidos (punto 3), da a ENAMI[6] y CODELCO la opción de tener CEOL[7] y licitar posibles derechos a privados para establecer alianzas público-privadas en donde el Estado siempre tendrá una participación mayoritaria. El conocimiento geológico es sin duda un activo importante, aunque las condiciones ofertadas para asociarse con el Estado no parecen ser tan atractivas. La idea de que un privado asuma íntegramente el riesgo del costo de la exploración y luego tenga una participación minoritaria debe llevar a considerar si hay incentivos suficientes a la inversión.
Finalmente, el punto 8 habla de crear un comité CORFO[8] de transformación productiva en torno al litio, un punto que parece redundante con el segundo, pues menciona para este comité, funciones que se traslapan a las de la empresa nacional del litio.
En conclusión, el anuncio no incluye ninguna propuesta clara para aumentar la producción de compuestos de litio en el corto plazo, que es lo que haría sentido dada la situación de los mercados. Es evidente una visión estatista, y la apuesta por un modelo de asociación que no ha tenido buenos resultados en otros países da para pensar[9]. El espacio para privados de probada capacidad y experiencia se limita, mientras que nuevas entidades y empresas estatales aparecerían con nuevas atribuciones; y aun sin certezas sobre sus condiciones de funcionamiento. De otro lado, es positivo que se explicite el respeto a los contratos vigentes; y la conciencia sobre la naturaleza cíclica de los ingresos mencionada en la alocución. Chile tiene experiencia exitosa en la formulación e implementación de políticas de fondos de estabilización.
El anuncio deja más dudas que certezas sobre las oportunidades para expandir la industria del litio en Chile, y habrá que ver si la estrategia permite cumplir el objetivo declarado: convertir a Chile en el primer productor mundial.
Referencias
[1] Alocución disponible en
este enlace
[2] Ver brochure en este enlace
[3] Ver www.eiti.org
[4] EL documento no nombra explícitamente a esta empresa, pero es un hecho conocido en toda la industria
[5] CODELCO es la Corporación del Cobre de Chile, empresa estatal de cobre.
[6] ENAMI es la Empresa Nacional de Minería, empresa estatal que atiende a pequeños y medianos productores de mineral de cobre
[7] CEOL es el acrónimo para Contratos Especiales de Operación de Litio, una figura legal que busca resolver la no concesibilidad del litio según la normativa chilena, pero no ha tenido grandes impactos
[8] CORFO es la Corporación de Fomento a la Producción
[9] Ver la entrevista al experto en litio Daniel Jiménez en este enlace
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